Vallarta Ante la Suprema Corte va por SEAPAL

EL V PODER 

POR RODRIGO AGUILERA MORALES 

Vallarta Ante la

Suprema Corte

va por SEAPAL

CIUDAD DE MEXICO (Especial para SIEMPRE LIBRES).- Hoy en punto de las nueve treinta de la mañana se desahogará una crucial audiencia en el proceso que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha llevado a la Suprema Corte de Justicia en su lucha por municipalizar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SEAPAL) actualmente administrado por el Gobierno de Jalisco.

El Secretario General Víctor Manuel Beltrán y el jefe de asesores jurídicos del alcalde Arturo Dávalos, el licenciado Francisco Vallejo, serán quienes lleven ante el Ministro que lleva el caso los argumentos para que, con base en lo dispuesto en la Constitución, el ejecutivo estatal entregue SEAPAL.

Frente al Ayuntamiento vallartense se presentarán abogados de un despacho de Chihuahua capital, quienes están defendiendo al Gobierno de Jalisco en su postura de no ceder el control de SEAPAL al pueblo vallartense.

El municipio tiene la razón constitucional, pero el camino ha sido largo y aún faltan algunas etapas antes del fallo final: En abril del año pasado se inició el proceso para la municipalización de SEAPAL Vallarta, mediante un acuerdo del Cabildo en pleno, otra fecha de relevancia vino el 11 de enero de este año cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó un acuerdo de seguimiento.

Se trata de la controversia constitucional que promovió el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que el gobierno del Estado le entregue para su operación el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL), en donde la corte desecha los argumentos de la Comisión Estatal del Agua, en los que señala que el gobierno municipal es incapaz técnica y financieramente, para administrar el organismo operador del vital líquido.

De esa manera, la Suprema Corte desechó "pruebas periciales" y otros alegatos que hizo el Gobierno de Jalisco para "acreditar la insolvencia del Ayuntamiento para prestar el servicio de agua potable",

La SCJN desechó los argumentos del Gobierno estatal dado que “esa circunstancia (la presunta insolvencia) no constituye la materia de los actos reclamados, ni de la litis, por lo tanto se concluye que son inconducentes los referidos medios de convicción para acreditar la competencia o facultades en confronta de la controversia”.

Hoy Paco Vallejo y Víctor Bernal estarán representando al Presidente Municipal Arturo Dávalos y al Ayuntamiento ante la Suprema Corte de Justicia para defender los argumentos con los que se exige entregar a Puerto Vallarta el control sobre los servicios de agua potable y alcantarillado:

1.-Omisión de la autoridades demandadas de cumplimentar lo ordenado por el acuerdo del pleno del Ayuntamiento, donde se aprobó se solicitara al Gobierno del Estado, la entrega real, material y jurídica del Seapal, tanto de los servicios como de los bienes que conforman el organismo, toda vez que a la fecha, tal servicio lo presta el Estado, invadiendo y afectando la competencia municipal, no obstante la solicitud presentada por el gobierno municipal en tiempo y forma, el 05 de agosto del 2016, tanto a las autoridades demandadas como a los terceros interesados.

2.- Reclama el Decreto y Ley número 9608 que crea el Seapal, que fue publicado en el periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día jueves 08 de diciembre de 1967 y sus reformas subsecuentes, ya que tal ley no cumple con los requisitos de validez y existencia requeridos formalmente por la Constitución Mexicana, la particular de Jalisco y demás disposiciones reglamentarias para su aplicación en el ámbito del territorio municipal, donde el Ayuntamiento se encuentra facultado para su objeción.

3.- Se reclama al Congreso del Estado, los actos y omisiones de incumplimiento con las reformas del artículo 115 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999.

4.- El incumplimiento a lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.- Los efectos y consecuencias del incumplimiento de la protesta de ley prevista dentro del artículo 128 de la Constitución, al no guardar la Constitución, en el entendido que guardar la constitución es la protección de la misma.

En su defensa, a la postre fallida, la Comisión Nacional del Agua, expuso como pruebas periciales argumentos de contabilidad e hidráulica urbana, en el sentido de que “los ingresos ordinarios del Ayuntamiento son insuficientes para hacer frente a las necesidades económicas relativas al buen funcionamiento, operatividad, continuidad y correcta prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales con los niveles de eficiencia que requiere la ciudad de Puerto Vallarta, como puerto turístico, y que actualmente presta el Seapal; y acreditar que la inversión en infraestructura que debe realizar a corto y mediano plazo, así como los requerimientos económicos en mantenimiento que se requieren para la correcta y continúa prestación del servicio; y el segundo con el objeto de acreditar que el municipio actor no cuenta con las capacidades técnicas para poder prestar el referido servicio de agua potable”.

El ministro instructor, Alberto Pérez Dayán citó nuevamente a las partes hoy jueves cinco de octubre para una nueva audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe destacar que, al ser la SCJN el máximo tribunal de nuestro país el fallo que otorgue será incontrovertible y pesará para bien o para mal en el presente y futuro de Puerto Vallarta y la región.

De acuerdo con la información del abogado Francisco Vallejo, Seapal fue creado hace 40 años, mediante el decreto 9608 publicado en el Diario Oficial del Estado en 1977. Antes de esa fecha, desde 1964 se había instalado el primer organismo la Junta Federal de Agua Potable, un organismo a cargo del gobierno central y que respondía al ejecutivo federal,

Al respecto se ha escrito de la Junta Federal de Agua Potable: "(...) de la que en su nombre se entiende que era una entidad federal, no estatal, como lo es el Seapal. Fue un inicio difícil pues el primer paso fue precisamente el equipamiento de infraestructura que acarreó algunos damnificados, como por ejemplo los burreros. Se padecía de bases administrativas pues por años ni siquiera hubo un padrón de usuarios confiable. Muchas familias preferían seguir explotando sus pozos de agua y solo fue posible regularizar el servicio hasta finales de la década de los 70. En 1976 se calculó haber entre dos mil y 15 mil tomas de agua cuando la población se aproximaba a 50 mil habitantes(...)".

La narrativa sigue más o menos así: "Para la década de los años 80, el Seapal entró en su etapa de consolidación total. En los 90 se inició una cosecha de premios por la calidad del servicio y hoy todavía la paraestatal sigue considerándose un modelo y ejemplo para otras empresas del sector. Pocas ciudades del país están en condiciones de presumir tener un sistema de semejantes estándares de calidad como el Seapal".

Hoy esa historia de éxito tiene un capítulo más derivado del trasfondo político (y los millones de pesos que maneja, literalmente líquidos, al año)

CUARTO DE GUERRA.- Los inocentes no huyen. Sandoval está en Perú y tramita amparo. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, tramitó un amparo para identificar si ya fue girada una orden de aprehensión en su contra.

El ex mandatario es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Luego de que concluyera su administración y pasara la estafeta a Antonio Echevarría, Sandoval Estrada fue señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado y ser parte de una supuesta red de corrupción.

De acuerdo a El Universal la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una investigación abierta hacia el mandatario y 10 personas cercanas a él, que formarían parte de esa red.

La embajada de México en Perú notificó que este sábado recibió del trámite de Juicio de Amparo promovido por el exmandatario mexicano, confirmó al diario ejecentral, el exdiputado de Nayarit, Antonio Hernández Estrada.

El exlegislador del PAN precisó que la solicitud no es contra las órdenes de aprehensión giradas por la DEA, quien también realiza una investigación del exmandatario.

El pasado 20 de septiembre, un día después del cambio de administración, Sandoval Estrada huyó del país en medio de la investigación.

Una fotografía que circuló en redes sociales, revela a Sandoval y su esposa Ana Lilia López, en el momento en el que abordaron un avión privado para dejar el país, a pocas horas de que Hugo Sánchez Sandoval, su sobrino y presunto operador en la red de corrupción a la que se les asocia, fuera asesinado en Tepic.

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