Llegaría a Millón y Medio la Corrupción de Campoy

EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES

Llegaría a Millón y Medio
la Corrupción de Campoy

Desde el trienio pasado el apellido Campoy está ligado a corruptelas que ensucian los dos gobiernos que Movimiento Ciudadano ha tenido ---y tiene-- en Puerto Vallarta. Consuelo Rodríguez, hija del ahora encargado de Seguridad Pública en Vallarta está atorada en la investigación que la Auditoría Superior realiza al SISTEMA DIF en su gestión 2012-2015 en la que "Connie" fue encargada de dineros que no se sabe donde quedaron.
Ahora el propio Campoy ("Trampoy" para los compas) es el señalado como beneficiario de dineros ilegales para beneficiar a la empresa de Grúas Nura, que llegó a Vallarta justo al inicio del gobierno en que a Rodríguez Campoy le asignaron --porque no había nadie más-- la Comisaría que también tiene a su cargo Tránsito Municipal.
El descarado favoritismo a Nura estalló el 11 de noviembre pasado, durante el segundo “Foro Ciudadano” para la agenda común sobre el tema de Movilidad, se realizó una protesta silenciosa por parte de "gruyeros" vallartanses que recriminando que el gobierno estatal y municipal no respeta las “concesiones provisionales” que mantienen desde hace 30 años a grúas Santana, Ayón y Servi-Grúas.
Al denunciar que existe favoritismo en los operativos del “Alcoholímetro”  a una empresa de grúas foránea. "No respetan las tarifas, rol de servicio al público, sin permisos llegan grúas de Tepatitlán,  tenemos todo en regla y no me dan trabajo ni mis hijos, estamos manifestando para que nos respeten las concesiones".
En silencio pero haciendo presencia una veintena de gruyeros en la Unirse frente a ante los más de 200 ciudadanos que llenaban las encuestas sobre Movilidad, alzaron las pancarta "Rol de grúas locales" "Fuera grúas Nura" " Regularización de permisos de grúas" entre otras, pidiendo que sean sus empresas las que tengan el derecho para trabajar, y no las foráneas,
En aquel entonces se acordó que habría equidad para los operadores de grúas, pero tal cosa no ha existido y de acuerdo con los propios elementos de Tránsito, los de Nura le dan 500 pesos por servicio a elementos corruptos de la policía vallartense siendo el propio "Trampoy" al que le habrían llegado ya más de un millón y medio de pesos por concepto de "comisiones" totalmente ilegales.
Bien haría el alcalde Arturo Dávalos en llamar a cuentas al trácala Trampoy que lo está quemando con un negocito pitero que además le está costando el descrédito ante la ciudadanía y las decenas de familias que viven del negocio de las grúas en la ciudad.

Difícil Correr a Burócratas
Trácalas e Ineptos en Jalisco

Hablando de las transas de Campoy, su conducta encuadra en lo que se viene preparando para que el pueblo pueda pedir la salida de un burócrata trácala en Jalisco.
Nuestros diputados de la Legislatura LXI aprobaron una reforma bautizada como de “participación social”. Se incluyeron nuevas figuras de democracia directa y se redujeron los candados para aplicar las que ya existían, como eran plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana. Una añeja demanda, no sólo en Jalisco sino en todo el país, era la revocación de mandato, y también quedó reflejada en este paquete de reformas que modifican los artículos 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78 y 84 de la Constitución política de Jalisco.
Un análisis completo, detallado de lo que significan estos cambios exige mucho más que el espacio de esta columna, pero estos renglones sí bastan para desarrollar una idea de la que los ciudadanos jaliscienses deben apropiarse: después de muchos años de espera y luchas dadas por asociaciones, académicos y diferentes sectores sociales, se abrió la puerta que mantuvieron cerrada las cúpulas partidistas y de poder para que la gente –así, genéricamente– pueda intervenir en decisiones de gobierno y legislación; proponer, rechazar, detener y decidir sobre una parte de la aplicación de los recursos públicos.
La revocación de mandato es un avance fundamental en una sociedad como la mexicana, azotada por la injusticia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Con esta figura es posible echar del cargo a un funcionario público porque así lo considere la ciudadanía, sin esperar a que termine el período para el que fue electo.
Por ejemplo, la revocación sólo puede solicitarse y aplicarse hasta pasados 120 días después que haya transcurrido la mitad del tiempo para el que haya sido electo el funcionario. Además, para que la revocación sea válida “deberán participar en el procedimiento respectivo, por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso electoral donde resultó electo el representante popular sujeto a este mecanismo de participación democrática”. Y una condición adicional es que procederá “siempre y cuando el número de votos en el sentido de revocarlo sea mayor al número de votos por el que fue electo el representante popular sujeto del procedimiento”.
Se protegieron mucho los diputados y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval (cabe puntualizar que la redacción final del dictamen de la reforma es en su mayor parte autoría de los asesores del mandatario), pero al paso de un par de años y meses, habrá otros diputados y otro gobernador. Lo importante es que la figura existe y que los jaliscienses tienen ahora la posibilidad de aplicarla. Y en futuro cercano, las normas que recién se aprobaron podrían cambiarse nuevamente para hacer menos rigurosa la herramienta.
Importa mucho ahora que después de la reforma (y aún faltan los cambios en leyes secundarias), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que preside Guillermo Alcaraz, utilice su tiempo, sus recursos y su personal, en la difusión de estos cambios. Deben ocuparse, como es su obligación, en informar, en llevar el mensaje a todos los rincones del Estado, para que los jaliscienses sepan que ya no es indispensable soportar a un mal presidente municipal por autoritario o ignorante, o a un regidor, o un diputado. A un gobernador. Que sepan que basta organizarse para cambiar decisiones “oficiales”, para pedir que el dinero público se aplique en una obra que consideren importante, para impulsar a un candidato que no tenga partido político.

CUARTO DE GUERRA.- Los políticos suelen decir, cuando son los afectados, que los periodistas somos muy irresponsables en el manejo de la información. No voy a defender al gremio; somos indefendibles. Pero nunca he visto a un periodista manipular la información como lo hacen los políticos, por el puro placer de generar grilla.
El asunto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) es uno de esos casos. El tema entró ya en ese momento en el que lo que cuesta más trabajo es saber qué de todo lo que se dice es cierto, qué es mentira y quién está meciendo la cuna. Recordando a Daniel Sada, autor de la novela “Porque parece mentira la verdad nunca se sabe”, lo políticos han logrado ponerse tanto en duda los unos a los otros que hoy día la verdad es un acto de fe y no una cuestión de datos. Luego se preguntan por qué los ciudadanos desconfiamos de todos por igual.
Los cuestionamientos al Instituto de Pensiones del Estado están fuera del blanco. El problema de Pensiones no es un problema de deuda ni del manejo del fondo. Un estudio actuarial busca responder si el fondo será suficiente a futuro para mantener el número de jubilados en las condiciones en que se están pensionando. En todo el mundo y en Jalisco ese ha sido un tema. La misma Universidad de Guadalajara tuvo que modificar el sistema de pensiones hace diez años porque como venía funcionando era inviable. El caso del IPEJAL es similar: hay tres mil jubilados más de lo que se planeó (sea porque viven más de los esperado, sea porque la curva generacional los alcanzó) y tres mil burócratas cotizando menos de lo estimado (porque las plantillas crecieron por la vía de supernumerarios). Si la tendencia continua así habrá una crisis. El estudio actuarial sirve justamente para corregir esas distorsiones en las tendencias, para tomar decisiones antes de que reviente el globo, pero no para evaluar si el fondo está o no bien manejado.
A pesar de que Pensiones tiene un montón de activos inservibles (funerarias, clubes, terrenos que ya no suben de valor, estacionamientos que no son rentables) que se han comprado a lo largo de los años y que no tienen retorno (no aumentan su valor) y otro tanto de inversiones caprichosas, el fondo no está mal en cuanto a su valor y rendimientos. El verdadero problema es que se sigue viendo como una cartera del gobierno y como un fondo gubernamental, cuando los únicos y verdaderos dueños son los trabajadores y su función es asegurar el dinero de las jubilaciones. Los gobiernos (estatal y municipales) son en este caso la parte patronal. Sin embargo, la ley establece que el gobernador designa tanto al presidente como al director del fondo porque seguimos teniendo una concepción paternalista del gobierno y una desconfianza profunda (y bien ganada) en los líderes sindicales.
Lo que necesita Pensiones es justamente salir de la esfera de la grilla para asegurar su transparencia, transacción por transacción, y por supuesto que los patronos no se atrasen en los pagos.
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