La semana
pasada muy amablemente varios de mis amigos y amigas priistas de Puerto
Vallarta me pedían en diferentes ocasiones y espacios públicos y políticos que
firmara la inquietud tricolor de llevar al voto popular si se reducen 100
diputados federales y 32 senadores de la República. De esos que llegan al
Congreso por la vía de la representación proporcional o plurinominales.
Yo me negué a
firmar semejante barbaridad y en defensa de los pluris, los que llegan por esa
vía a la Cámara son los que saben o que representan de verdad el Poder (como
los líderes gremiales) la gran mayoría de los que llegan por el voto popular
son ninguneados por esas "vacas sagradas".
Si una
propuesta seria habría para mejorar el trabajo parlamentario sería eliminar la
sobre representación, un solo diputado por distrito un solo senador por estado
y dejarse de pendejadas. Pero quedarse a la mitad es una tontería.
Pero el
asunto de la eliminación o no de los pluris por parte del PRI estará en las
papeletas el año entrante junto con las propuestas igualmente estúpidas de
echar atrás la reforma energética del perderé y la de subir el salario mínimo
del PAN.
Son una burla
porque los legisladores pospusieron tanto como pudieron la incorporación a la
Constitución de los instrumentos de democracia directa. Cuando finalmente
cedieron, aunque con acotaciones importantes que buscan limitar las
posibilidades de que la ciudadanía acceda a la llamada consulta popular,
decidieron monopolizar las solicitudes y pervertir el uso de dicho instrumento.
Los instrumentos de democracia directa tienen
fundamentalmente dos intenciones: permitir que sean los mismos ciudadanos
quienes directamente decidan sobre asuntos que se consideran fundamentales para
la vida nacional y abrir a los ciudadanos vías institucionales para controlar
el poder de sus representantes.
En el primero de los
casos, en muchos países se establece como un candado para las reformas
constitucionales el que necesariamente tengan que ser ratificadas en un
plebiscito, lo que blinda a las Cartas Magnas de los caprichos de los
legisladores. En otros casos permite a los grupos parlamentarios sin fuerza
suficiente en el Congreso para sacar adelante reformas legales, lograrlas por
la vía del respaldo popular.
En cuanto a la
segunda intención, la idea es que el ciudadano tiene una vía para someter a la
soberanía popular actos de autoridad (administrativos, por parte de los Ejecutivos
o legislativos, como reformas legales o constitucionales) que considere lesivos
para la mayoría. Es decir, revertir o ratificar las decisiones de los
representantes electos, lo cual los obliga a ser más cuidadosos con sus actos
de poder, pues la ciudadanía tiene la posibilidad de echarlos abajo.
Los legisladores se
cuidaron de colocar en la legislación secundaria, la Ley Federal de Consulta
Popular, diversas disposiciones con la intención de dificultar la posibilidad
de que los ciudadanos pudieran hacer uso de dicho instrumento (Proceso 1949).
Entre las normas no
previstas en la Constitución y establecidas en la ley destacan la imposibilidad
de firmar dos solicitudes de consulta popular, es decir, los ciudadanos
únicamente pueden firmar una solicitud y en caso de que firmen más de una,
únicamente será contabilizada la primera en tiempo. Pero además de ello
obligaron a que en al menos 17 entidades de la república obtengan el respaldo
de 1% de los ciudadanos que forman la lista nominal de electores de cada una de
ellas.
Desde antes de que se
aprobara la legislación, el PRD y el todavía potencial partido político
Movimiento de Regeneración Nacional ya habían expresado su intención de
convocar a una consulta popular sobre la reforma energética. Aunque el tema de
la consulta y el objetivo de la misma es idéntico, revertir la reforma en la
materia, decidieron duplicar esfuerzos, dificultar más su trabajo
–especialmente por las consideraciones establecidas en el párrafo superior– y
eventualmente convertirse en factor determinante –suponiendo que haya
ciudadanos que firmen las dos solicitudes– para fracasar en el intento.
Hace algunas semanas
el PAN decidió impulsar una consulta popular sobre el tema de los salarios
mínimos, por lo cual ya inició su campaña de recolección de firmas.
Y, por si todavía no
fuera suficiente, esta misma semana el PRI decidió llevar a consulta popular la
reducción a la mitad de los diputados plurinominales y la eliminación de dicha
representación en el Senado, y aunque el Revolucionario Institucional tiene el
número suficiente de legisladores en ambas cámaras para hacer la solicitud con
33% de los legisladores, decidió hacerlo por la vía de conseguir 2% de las
firmas de los ciudadanos del padrón.
Así los cuatro
partidos, que casi con toda seguridad obtendrán los cuatro primeros lugares en
las preferencias electorales de los ciudadanos, se encuentran hoy recolectando
firmas para solicitar la realización de una consulta popular.
Para el PRD y Morena
era la única vía que tenían para revertir la reforma en la materia, pues la
alianza de PRI y PAN garantizaba automáticamente la mayoría necesaria para
sacar adelante las reformas legislativas; lo deplorable es que en lugar de
unirse en la búsqueda de dicho objetivo, se dividan.
Pero PAN y PRI lo
hacen con una triple intención: una es dificultar la consecución de las firmas
por parte de las fuerzas de izquierda, pues nuevamente hay que recordar que los
ciudadanos únicamente pueden firmar una solicitud de consulta popular y
eventualmente los principales firmantes de la solicitud blanquiazul pueden
repetirse con los del PRD y Morena, ya que el tema de los salarios mínimos es
un tema dirigido fundamentalmente a las clases populares y, particularmente, a
los más desprotegidos. Los priistas, en cambio (y más allá de que el actual
presidente había hecho esa propuesta incluso desde antes de ser candidato)
pretenden aprovechar la indignación popular que desataron los recientes
escándalos de los legisladores federales.
La segunda intención
de los dos partidos es intentar llevar más electores (que eventualmente
simpaticen con sus candidatos) a las urnas, pues no hay que olvidar que son
elecciones intermedias, que normalmente tienen un mayor abstencionismo que las
presidenciales, y la izquierda podría tener una ventaja importante si el único
tema de consulta (en la jornada electoral del primer domingo de junio de 2015)
fuese el de la reforma energética, que evidentemente tiene más detractores
entre los votantes de la izquierda. Es fundamentalmente una estrategia de
mercadotecnia electoral.
Y una tercera
intención es confundir al electorado, pues también por disposición de la
legislación secundaria, independientemente del número de convocatorias, todas
las preguntas se incluirán en una sola papeleta. Así, en caso de aprobarse,
tres consultas (pues es obvio que las solicitudes del PRD y Morena, se
fusionarían) las tres preguntas irían en una misma papeleta, en un orden no
especificado en la legislación y, por lo tanto, incluso todavía sujeto a
litigio.
Lo más lamentable es
que los partidos políticos buscan que los ciudadanos se sumen a sus demandas,
no ellos retomar las demandas ciudadanas; lo que sucede con las eventuales
consultas populares es una muestra clara de la distorsión del papel de los
partidos políticos en la política mexicana: En lugar de abanderar las demandas
ciudadanas se dedican a intentar aprovecharlas para la consecución de sus
intereses partidistas.
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