EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES
El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y el presidente de la asociación Conciencia Cívica, Salvador Cosío, aseguraron que ven dificultades para vender la Villa Panamericana y darle uso habitacional.
Luego de que se dio a conocer que hay un acuerdo para resolver el futuro del inmueble, el presidente municipal zapopano afirmó que su administración no otorgará ningún permiso para realizar obras.
Destacó que primero deben resolverse el tema legal, los trabajos de mitigación para cuidar los mantos freáticos del bosque La Primavera, y la generación de un decreto para proteger la zona de El Bajío.
“Entiendo la urgencia que tiene Ipejal por resolver los problemas financieros que tiene, pero la negociación que establecieron con esta empresa no tiene el aval del Ayuntamiento”.
Lemus, quien defendió su propuesta de que el espacio sea sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acentuó que su Gobierno no fue notificado ni formó parte de la negociación. “No conocemos (ni) siquiera a la empresa”, expresó.
Venta Ilegal: Cosío
Por su parte, Cosío señaló que la venta es ilegal por los juicios y amparos existentes desde hace años. Añadió que ya se elabora una demanda contra quienes resulten responsables de hacer el negocio. Buscarán encarcelarlos.
“Es muy simple: el gobernador ya incurrió en aceptar que ya cambió de opinión. Muchos años fue opositor a la construcción de la Villa y colaboró un tiempo (con) la acción que hemos emprendido desde hace mucho”.
Agregó que Alfaro conoce las suspensiones judiciales, estatales y federales, que impiden la promoción, venta, renta, habitabilidad y uso de cualquier tipo de ese espacio.
“Es un abuso de autoridad, una prepotencia, una altanería. Queda el precedente de que se pueda urbanizar donde se les dé la gana, violentar todo tipo de normas ecológicas y de uso de suelo. La zona no puede soportar esto y más grave es la conducta del gobernador”.
Largo, el
Historial
de Alfaro
Legalizar lo irregular se convirtió en una norma para el gobierno emecista de Guadalajara, que encabezó Enrique Alfaro Ramírez de 2015 a 2018, quien pronto olvidó su prédica de la legalidad como imperativo ético de su administración, para darle una generosa salida a los empresarios inmobiliarios que, sin mayor recato y mucha voracidad, violaban las normas urbanas.
El 8 de abril del 2017 el periódico Mural publicó que la regulación de edificios “chuecos” a cambio de una compensación iba en aumento en Guadalajara.
De abril del 2016 a abril del 2017, al amparo del Reglamento de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas, habían sido legalizadas 38 construcciones ilícitas, que generaron al ayuntamiento tapatío un ingreso de 62 millones 890 mil 707 pesos por concepto de indemnización, aunque estos proyectos hayan redundado en perjuicio de sus vecinos.
El 10 de julio del 2017 Mural publicó que un edificio de oficinas en Colomos Providencia, que se construyó con una altura de 5 pisos en una zona en la que sólo se permitían 2, sería regularizado. Los desarrolladores del edificio de La Rioja 2914, del cual era copropietario Mauro Garza Marín, entonces presidente de Coparmex Jalisco, resarcirían metro por metro lo que construyeron fuera de norma, aseguró la entonces coordinadora de Gestión Integral del municipio, Martha Patricia Martínez Barba.
Concluye Mural que “el dirigente empresarial admitió que ingresó su caso al esquema de Compensación, Indemnización y Mitigación de Guadalajara, que ha venido regularizando torres chuecas desde que Enrique Alfaro Ramírez ingresó a la Alcaldía”.
Denuncia en Prensa
Este lunes 26 de agosto del 2019 el periódico El Diario NTR publicó en su portada: “La Villa Panamericana ya tiene un destino: será usada para vivienda. El actual gobierno del estado alcanzó un acuerdo para su venta con la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos. El contrato se firmará el 30 de agosto”.
La nota, firmada por la reportera Sonia Serrano explica: “De esta forma se desechan los proyectos anteriores que se han presentado para darle un uso de menor impacto ambiental, tomando en cuenta su cercanía con el bosque La Primavera. Para eludir las acciones legales que motivaron una suspensión, la empresa que comprará la Villa le anexará un terreno, con lo que se alcanzarán los metros cuadrados que se requieren para cubrir la densidad de vivienda”.
Se presume que el IPEJAL recibiría 495 millones de pesos, mientras que el instituto de vivienda del estado sería recompensado con mil 5 millones de pesos.
Este lunes 26 de agosto del 2019 el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, declaró a Mural: “Lo que dejo muy claro es: no va haber permisos en las Villas Panamericanas para vivienda ni para ninguna otra cosa hasta que no se resuelva la situación jurídica, las acciones de mitigación y un decreto para la protección de la zona del Bajío”.
Lemus Navarro exige que se realicen obras de mitigación de daños al medio ambiente, como pozos de absorción de agua y medidas de protección al bosque La Primavera, cuyo costo sería de aproximadamente 200 millones de pesos. Aclara que desconoce quién se haría cargo de esas obras tras la venta del edificio.
Igualmente aseguró que promoverá un decreto de protección ambiental que se emita desde el Congreso del Estado, para evitar que en la zona se construyan fraccionamientos, edificios y centros comerciales.
Las declaraciones de Lemus Navarro contrastan con las del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, difundidas también este lunes 26 de agosto del 2019 por el periódico El Informador, en las que justificó su apoyo a la venta del inmueble: “Las Villas se hicieron hace muchos años, ahí están tiradas y se hicieron con el dinero de los trabajadores del Estado. A mí me corresponde como gobernador ayudar a rescatar a Pensiones. Tenemos que rescatar la inversión que se hizo de manera injustificada (…) tenemos que entender que estos proyectos que se hicieron con dinero público tienen que tener una salida”.
Lo que no explicó el mandatario estatal es cómo se sancionará a los funcionarios públicos que, pasando por encima de leyes y reglamentos autorizaron la construcción de la Villa Panamericana 2011 y a los directivos de Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) que tomaron la decisión de invertir en un negocio que desde un principio estuvo marcado por la ilegalidad.
Luego de estar dos años al frente de la Fiscalía General de Jalisco, hasta el viernes 30 de noviembre del 2017, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez dejó abierta una investigación con respecto a los directivos del Iprovipe, que realizaron una riesgosa y presumiblemente ilegal inversión, estimada en 587 millones de pesos, en la construcción de la Villa Panamericana 2011.
Alfaro Está ya
Peor que Emilio
Peor que Aris
Lo que el gobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013) y el mandatario priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) no se atrevieron a hacer, violentar la ley y pasar por encima de las normas para comercializar la Villa Panamericana 2011, sí pretende realizarlo el emecista Alfaro Ramírez.
Quienes alguna vez pensaron que en Jalisco ya se había tocado fondo, sufrirán el desencanto de comprobar que en política y en los asuntos públicos, las cosas siempre pueden ponerse peor, y que la gente nunca termina de conocer el fondo verdadero del alma de algunos políticos.
CUARTO DE GUERRA.- Tras darse a conocer la intentona de Alfaro de pasarse por el arco del triunfo la normatividad vigente en el afán de hacer --otro-- negocio inmobiliario el hasta ayer empleado del gobierno Trino Padilla hizo pública su renuncia para evidenciar aún más al gobernadorzuelo y dejar en claro la ruptura que ya existe entre el Grupo Universidad y el "gobierno" de Alfaro.
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