Amparan a Multados por los Ilegales Operativos del #Gobernadorzuelo

EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES

Por Rodrigo Aguilera Morales

Amparan a Multados
por los Ilegales Operativos
del #Gobernadorzuelo

Uno de los temas que más indignó a la ciudadanía no solo de Puerto Vallarta sino de decenas de municipios del estado fueron los operativos ilegales que el #Gobernadorzuelo Enrique Alfaro ordenó, en un claro afán recaudatorio y que, además, invadieron facultades exclusivas -- y constitucionales-- de los ayuntamientos.
Los ataques de Alfaro contra la ciudadanía, en Vallarta fue en venganza por la rechifla durante la visita de AMLO, en el resto de los municipios fue por robar nada más, son totalmente fuera de la ley y permiten a la población afectada ampararse.
El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo ordenó a la Secretaría de Transporte indemnizar multados por operativos ilegales del #Gobernadorzuelo Enrique Alfaro, esto debido a que la facultad de tránsito es municipal, no estatal, esto significa que los agentes viales violan la ley de manera sistemática al cobrar multas e infracciones a los automovilistas, quienes simplemente deben ampararse.
En una determinación judicial con carácter inapelable, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco, debe indemnizar con poco más de 40 millones de pesos a los dueños de 16 camiones del transporte urbano, por concepto de Responsabilidad Patrimonial, esto luego de que apenas el pasado 5 de abril del 2019 el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió el amparo y protección de la justicia federal para que el Fiscal General del Estado determinara respecto de los delitos que se imputaban de invasión a las vías generales de comunicación y dicha dependencia resolvió archivar el expediente en forma definitiva por falta de testimonios y pruebas; la instancia judicial de la Federación antes mencionada también resolvió archivar definitivamente la Averiguación Previa número 896/2018 y sus acumuladas.
Al tratarse de simples folios, los subrogatarios presentaron un amparo indirecto el cual fue turnado para su estudio al ahora denominado Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco. En este juicio de garantías se otorgó a favor de los suscritos la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las unidades les fueran devueltas.
La suspensión no se pudo ejecutar ya que personal de la Secretaria de Vialidad, ahora Secretaria de Transporte, en colusión con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) presentaron varias denuncias por ataques a las vías generales de comunicación y daño a las cosas, estas denuncias se radicaron en la agencia 20C de la PGJEJ con números de averiguación previa 10967/2009 al 10981/2009 (Todas acumuladas a la averiguación 10966/2009-B) con lo que lograron que el agente del Ministerio Público número 20C asegurara los vehículos, mismos que estuvieron a su disposición desde el 14 de Agosto del 2009 hasta el 25 de Octubre del año 2010, lo que significa que los automotores estuvieron encerrados 416 días.
Por este motivo, fue declarada la existencia de Responsabilidad Patrimonial a la Secretaría de Transporte, en atención a la causas productoras del daño generado, a razón de dos millones 551 mil 14 pesos por cada uno de los camiones que estuvieron irregularmente detenidos, lo que nos da un gran total por los 16 camiones de 40 millones 816 mil 224 pesos por los dieciséis camiones que dejaron de producir en atención a la conducta irregular de esta autoridad.
Hay que aclarar que las autoridades estatales violan la ley de manera sistemática, pues la facultad de tránsito es municipal, no estatal, lo que significa que los agentes de la Secretaria de Transporte actúa fuera de la ley al cobrar multas e infracciones a los automovilistas, quienes simplemente deben ampararse.

ATM la Casa Blanca
del #Gobernadorzuelo

El polémico caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto (EPN), que fue de lo más trascendental para marcar la gran corrupción de su sexenio como presidente de México, tiene simil en Jalisco con el escándalo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el turbio programa “A Toda Màquina” (ATM) que le acarreó cuatro denuncias por presunto conflicto de intereses y un amplio listado de anomalías que implicarían signos claros de corrupción de alto nivel.
En el episodio de A Toda Máquina, Enrique Alfaro encargó a la Contraloría del Estado dar seguimiento a las cuatro denuncias presentadas en su contra, por presuntas irregularidades en la licitación pública del programa.
Entre la ilegalidad que se denuncia habría incurrido el Gobierno de Jalisco, se señalaba el proceso de adjudicación del multimillonario  contrato para maquinaria para el campo, en el cual se hablaba de conflicto de intereses aunque muchos consideraban se podría configurar el delito de corrupción tras darse a conocer pormenores de la licitación otorgada a la compañía “Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., Sofom EM”, de la que es socio el empresario Guillermo Romo Romero, aquel “tequilero” que acompañó a la comitiva del gobernador, a finales de febrero, al juego de Los Lakers en Los Ángeles, California, mismo personaje que resultó pariente cercano del secretario de Administración, es decir, de quien operó la licitación; también se supo que la representante legal de las dos empresas ‘concursantes’ era la misma persona y tenía claros lazos de cercanía laboral en el entorno próximo al gobernador, además de que no se trataba del primer contrato que administraciones encabezadas por Alfaro Ramírez firmaban con su amigo, el empresario.
Las denuncias fueron presentadas por una asociación llamada “Contraloría Ciudadana”, por el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos particulares, Álvaro Quintero y Jorge Ruíz.
A través de un comunicado de prensa,  la Contraloría del Estado comunicó que hubo “negligencia y descuido a los principios elementales que rigen el servicio público, poniendo en riesgo la implementación de una política pública que beneficia a 121” municipios.
Como consecuencia, la Contraloría determinó “la presunta responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración, mismas que serán calificadas mediante el dictamen correspondiente”.
Si bien la dependencia se ha esforzado por explicar que solo le correspondió revisar el tema administrativo y existen más instancias involucradas analizando, desde sus respectivas áreas de competencia otros puntos del contrato.
El precio que deberá pagar Alfaro Ramírez será quedar marcado por el fantasma del escándalo de corrupción del programa 'A Toda Máquina' que lo perseguirá como La Casa Blanca a Enrique Peña Nieto
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