Liberaron Ayer Playas ¿Qué va a Pasar Ahora?

EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES

Por Rodrigo Aguilera Morales

Liberaron Ayer Playas
¿Qué va a Pasar Ahora?

La Cámara de Diputados federal aprobó ayer un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
Asimismo, para establecer una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a los concesionarios o propietarios de terrenos colindantes con las playas que impidan el acceso a éstas.
El Pleno lo aprobó, en lo general y en lo particular, con 406 votos, siete en contra y 20 abstenciones, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El documento surgió de dos iniciativas que presentaron las diputadas Julieta Macías Rábago (MC), el 4 de octubre de 2018, y Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena), el 20 de noviembre de ese mismo año.
El proyecto de decreto reforma los artículos 8 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, y adiciona un artículo 154.
En el artículo 8 se establece que “el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento (administrativo)”.
En el artículo 154 se estipula que “se sancionará con multa de entre 3 mil y hasta 12 mil veces la UMA a los propietarios de terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas”.
Agrega que para el caso de los concesionarios, en caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso.
La Comisión de Justicia, que elaboró el dictamen, señaló que las playas mexicanas son públicas y deben permanecer accesibles a todo ciudadano, pero persisten múltiples denuncias de ciudadanos que han visto restringido su derecho al disfrute de las mismas.
“La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, no sólo violenta el artículo 2º constitucional al discriminar a los ciudadanos, sino que pretende un derecho donde no hay, es decir, dichos propietarios, concesionarios o permisionarios, asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo domino corresponde a la nación”, externó.

Exigen a Jalisco Disculpa
Tras Feminicidio de Vane

Tras el feminicidio de Vanessa Gaytán Ochoa, ocurrido el jueves pasado afuera de Casa Jalisco, Amnistía Internacional y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) exigieron al gobernador, Enrique Alfaro, una disculpa pública por las omisiones cometidas por el estado.
Durante un homenaje realizado a Vanessa en el lugar donde fue asesinada, la coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, indicó que el mandatario de Jalisco debe diseñar un plan integral de reparación del daño para la familia y adoptar medidas que garanticen la no repetición de los hechos.
“El gobierno de Jalisco debe reconocer que falló en su deber de garantizar la seguridad y la vida de Vanessa y asumir su responsabilidad. A pesar de que ella contaba con medidas de protección, éstas no lograron preservar su vida. Cuando se emite una orden de protección, la autoridad se compromete a garantizar la vida de la denunciante”, afirmó.
Olivares consideró que es imperativo que Jalisco establezca mecanismos que aseguren que las autoridades estatales y municipales cuenten con la información, los recursos y el personal que les permita cumplir de manera efectiva con las órdenes de protección.
Recordó que la erradicación de los feminicidios requiere de una política pública integral que contemple no sólo la sanción penal, sino también medidas preventivas que incorporen la perspectiva de género en ámbitos como la educación, la salud y el desarrollo urbano, entre otros.
Insistió en la urgencia de cumplir la Recomendación 5/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ), emitida debido a las omisiones en que incurrió la autoridad estatal y que derivaron en el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, caso al que Amnistía Internacional ha dado particular seguimiento.
“Amnistía Internacional nuevamente hace un llamado a que la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres constituya un tema prioritario en la agenda del Estado mexicano en general y de Jalisco en particular. Esta prioridad implica acciones y políticas de los tres órdenes de gobierno que deben considerar de manera fundamental las voces de la sociedad civil y que incluyan voluntades, presupuestos, fortalecimiento de capacidades, y entendimiento del problema de forma adecuada y suficiente”, concluyó.

Defensa Contra la
Verificación Jalisco

Representantes de los Talleres Acreditados para la Verificación Controlada ratificaron ayer una denuncia contra el gobernador del estado y diputados locales en la Fiscalía Anticorrupción.
La acusación de los mecánicos fue por presunto tráfico de influencias y los delitos que se desprendan luego de que se privilegiara información confidencial hasta el momento a grupos de empresarios para la instalación de centros de verificación –verificentros– como parte del programa “Jalisco Respira”, además de supuestos encubrimientos y votaciones a favor del programa en el Congreso estatal cuando debería de haberse frenado, pues estaba ya presentada esta denuncia, algo que “cuestionaría” de fondo el proyecto.
“Se les informó que había una denuncia por corrupción porque así lo ordena la ley orgánica y el reglamento del Congreso del Estado, y pese a esto, ellos le dieron celeridad para sacar el negocio del gobernador y se votó en el congreso, entonces estoy ampliando a estos funcionarios porque antes habíamos denunciado sólo al secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, porque habían adelantado información a cúpulas empresariales, vi la premura de estos diputados y constatamos malos manejos de Jonadab Martínez García y Rosa Angélica Fregoso Franco y el gobernador del estado Enrique Alfaro, que está haciendo negocios de esto con empresarios de la Ciudad de México y con equipos europeos, esto también porque dijeron que ya no iba a haber verificación hasta que entraran los verificentros y ahí hay un incumplimiento a le ley general del equilibrio ecológico, están dejando en desprotección a la ciudadanía”, dijo en entrevista Abraham Gobel, representante de los talleres.
Agregó que tras entregar una gran cantidad de pruebas que demuestran sus acusaciones, es ahora la fiscalía la que “como organismo autónomo” deberá demostrar su imparcialidad al llevar la querella ante un juez para que se determine si hay o no responsabilidad.
“Todo lo que estoy presentando apunta a un posible tráfico de influencias, no es el primer caso en contra de Enrique Alfaro, está el caos de A Toda Máquina y lo que estamos pidiendo es que se castigue a los que hayan hecho mal; estamos pidiendo que se castigue y ya está en la agencia dos de esta fiscalía anticorrupción, confiamos y estamos seguros  de que esta denuncia va a continuar porque tenemos ya el antecedente de todo lo que presentamos en Ciudad de México, considero que vamos a hacer historia porque vamos a demostrar como parar a un gobierno corrupto, a mí no me da miedo señalarlo, es un gobernador corrupto, es un delincuente y solamente llegó al estado a saquearlo, a costa de estos negocios y a pisotear los derechos humanos”.
Abraham Gobel acudió ayer en compañía de alrededor de medio centenar de propietarios de talleres acreditados  a las instalaciones de la fiscalía para hacer la ampliación y ratificación de la denuncia que se sigue ya bajo el número de carpeta de investigación 231/2019 de la Agencia 2 del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el combate a la Corrupción.
Minutos después de esto, fue el mismo Fiscal especial a cargo, Gerardo de la Cruz Tovar quien aclaró también en entrevista que el organismo que representa es autónomo y recalcó que no obedecen a intereses políticos.
Por ello, sostuvo que sin importar que la denuncia vaya contra el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el secretario General de Gobierno Enrique Ibarra Pedroza, el de Medio Ambiente Sergio Graf y los diputados Jonadab Martínez –del Movimiento Ciudadano, MC- y Rosa Angélica Fregoso –del partido Verde-, se investigaría a fondo, no sólo con los medios de prueba aportados sino con la mayor cantidad de elementos que puedan hacerse llegar para garantizar que no hubo actividad delictiva alguna.
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