EL V PODER
POR RODRIGO AGUILERA MORALES
Tuvo Excelente Manejo
de Crisis del Gobierno
de Puerto Vallarta
Es difícil recordar un caso en el que la integridad política de una administración en la ciudad se hubiera visto comprometida de una forma más impactante que el día de ayer.
Elementos federales detuvieron a dos altos mandos policíacos y a un ciudadano colombiano como parte de la trama del asesinato previa video grabación de dos agentes de la SEIDO.
Fueron horas difíciles para la administración de Rodolfo Domínguez Monroy, a quien como alcalde interino le han tocado con este ya dos bautizos de fuego. (El primero fue en su día inaugural, cuando asaltaron dos joyerías en la zona turística de la ciudad).
Se llegó a temer que la corporación vallartense fuera intervenida por el estado y la Federación, hasta desarmada como ocurrió en Tlaquepaque hace unos días.
El golpe hubiera sido terrible para el proyecto naranja.
Afortunadamente el control de crisis fue efectivo.
En sus comunicaciones públicas la administración municipal dejó en claro que no permitirá que sus elementos se vayan por el camino torcido.
El ayuntamiento de Puerto Vallarta colaboró en todo momento con las fuerzas federales. Es decir: Se puso del lado de la Ley.
Esa actitud contrasta con lo hecho por la municipalidad de Tlaquepaque que de inmediato politizó el que sus elementos se encuentren bajo investigación, desarmados y señalados de pertenecer a. ‘narco nóminas’.
En Vallarts quedó claro que no habrá lugar para negociar la ley y que el ayuntamiento y sus representantes estarán siempre del lado de las mejores causas de la ciudadanía.
Víctor Bernal
Fortalece a la
Presidencia
Toda una revelación resultó el Secretario General del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Víctor Bernal, quien se ha crecido al castigo reforzando al alcalde interino y consolidando la institución de la Presidencia Municipal.
Víctor había venido tomando desde semanas atrás la agenda política del municipio en sus manos y,ante la crisis de imagen del Ayuntamiento supo transmitir firmeza y transparencia.
Se Tropezó
Anaya con
Chava Cosío
El mequetrefe Ricardo Gandalla se había salido con la suya en sus incontables dagas, traiciones y trácalas hasta que se topó con un hueso muy difícil de roer: Salvador Cosío Gaona.
La historia comenzó en 2007 con un codiciado predio y un codicioso joven, de 29 años, integrante de una presunta red de corrupción incrustada en el gobierno de Querétaro (2003-2009), de Francisco Garrido.
El joven es Ricardo Anaya, hoy aspirante a ser presidente de México y que podría ser acusado de tráfico de influencias, defraudación y evasión fiscal, triangulación de recursos, lavado de dinero y crimen organizado.
Los anteriores son los delitos presuntamente cometidos en el proceso de enajenado de un predio propiedad del gobierno queretano y que pasó a manos de Ricardo Anaya, con una ganancia de 54 millones de pesos.
En octubre de 2007, Anaya era secretario particular de Garrido, quien
decreto enajenar un terreno baldío, adquirido en febrero de 2008 por la empresa Tyson –representada por Manuel Barreiro–, en 111.4 millones de pesos.
El predio se dividió en lotes, de los cuales 50 fueron comprados en 137.5 millones de pesos por otra empresa representada también por Barreiro, llamada Park Development.
En 2014, Ricardo Anaya compró el lote 82 del terreno, por 10.7 mdp, a través de su empresa Juni Serra y en 2016 construyó una nave industrial.
La nave industrial fue comprada en 54 mdp por la empresa Manhattan Master Plan constituida por Barreiro ex profeso para dicha transacción. Los socios eran el chofer de Barreiro y una empleada, ambos sin capacidad de compra. La compañía resultó declarada “fantasma”, lo que representa el delito de defraudación fiscal.
Además, el dinero utilizado para la compra, previamente fue enviado a paraísos fiscales, lo que tipifica delitos de lavado de dinero, crimen organizado y defraudación fiscal.
De igual manera, los socios originales de la empresa Manhattan Master Plan –el chofer y la empleada de Barreiro–, declararon que no sabían que eran socios de la empresa, hasta que los medios difundieron la noticia.
En éste caso, el presunto delito es falsificación de documentos. Además, si es fraudulenta la constitución de Manhattan Master Plan, se invalida no sólo la sociedad anónima sino los actos jurídicos derivados de ésta, como la compraventa de la bodega de Anaya.
En septiembre de 2016, Barreiro y Anaya pagaron la nave industrial en
dos partes a través de empresas en el extranjero. El primer pago, de 16 mdp, por medio de la empresa Mas Sailing en Gibraltar. Dicha cantidad fue “prestada” –en una simulación–, a Manhattan Master Plan (de Barrero) y ésta realizó una transferencia a Juni Serra (de Anaya).
En abril de 2017 pagaron la segunda parte por los restantes 38.7 millones de pesos, a través de la empresa Didelfut (en Jalisco) a una cuenta en el paraíso fiscal suizo, para transferirlos de empresa en empresa (Turcas y Caicos, Canada Inc, Aurora Private Fund y Tesorem) y terminar el 8 de mayo en Manhattan Master Plan, de Barreiro.
Vale recalcar que Manhattan Master Plan, de Barreiro y Juni Serra, de Anaya, fueron creadas exprofeso para la triangulación de recursos, disfrazar su origen y evitar que fuera detectada la procedencia del dinero
Anaya intentó explicar que la compra-venta de la nave industrial es legal y negó haber realizado transacciones con Barreiro del que, al final, resultó ser compadre.
El asunto se tornó aún más escandaloso, cuando Manuel Barreiro se percató del escándalo contra Ricardo Anaya y decidió “parchar” los hoyos visibles de la transa.
Para ello habría simulado el cambio de accionistas –de manera retroactiva–, de la empresa Manhattan Master Plan. Es decir, su chofer y su empleada dejaron de ser socios y en su lugar colocó a un socio de otros negocios, para darle sentido a la compra de una nave industrial por 54 millones de pesos.
Cosío Acusa
Falsificación
Pero resulta que el Notario Público que habría testificado el cambio de socios en la empresa Manhattan Master Plan y aceptado de manera ilegal una operación notarial retroactiva, de nombre Salvador Cosío, declaró ante la PGR que su firma fue falsificada y que nunca llevó a cabo dicho trámite.
En éste caso el delito que se configura es presunta falsificación de documentos, además de que Anaya y su socio, Manuel Barreiro, habrían conspirado para cometer un ilícito, lo que se traduce en la figura de delincuencia organizada.
En su defensa, Anaya y el PAN argumentaron que el notario, Salvador Cosío, es candidato del Partido Verde al gobierno de Jalisco. Lo cierto es que cuando habrían realizado la falsificación de documentos, no era candidato de nada.
Como tampoco Ricardo Anaya era candidato de nada cuando la PGR inició la investigación sobre lavado de dinero, a finales de 2016, por la compra-venta de la nave industrial. Aún así, Anaya acusa persecución oficial.
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