EL V
PODER
POR
RODRIGO AGUILERA MORALES
Increíble: El PRI
Vallarta ya Tiene
Esperanzas 2018
El factor
suerte en la política es algo que no debe dejarse de lado nunca. Y es esa
variable la que tiene al PRI Vallarta sorprendido, como sorprendida está la
ciudadanía ante los actuales acontecimientos.
Hace, por
fijar una fecha, seis meses (a pesar de que en este espacio ya se había escrito
mucho sobre la polarización entre Arturo Dávalos-Ramón Guerrero/Luis Munguía)
la posibilidad de que emecé perdiera la alcaldía vallartense parecía totalmente
remota.
Tampoco
había acontecido el fenómeno Bahía de Banderas en el que la clase política
local al unificarse desde distintos partidos lograba derrotar a un proyecto de
Gubernatura impositivo y antidemocrático.
Si bien
aquí en Jalisco estamos lejos de la violencia con que Roberto Sandoval y su
Fiscal trataron de someter a las fuerzas políticas de Bahía de Banderas en pos
de un proyecto político-criminal, sí se vive la antidemocracia de un partido en
el que solo existe la voluntad de un sujeto: Enrique Alfaro.
Ya he
dedicado muchas líneas (no de coca Gustalco, tranquilo) a las estupideces y
desvaríos totalitaristas de Alfaro. Mentiras, traiciones y componendas que
tienen a sus correligionarios locales confrontados.
Al
carecer Movimiento Ciudadano de una estructura real, lo que determine el Pelón
es lo que se hará en un membrete que difícilmente subsistirá más allá del 2018
si sigue a expensas de las decisiones de un Alfaro que hace mucho que dejó de
entender razones para sentirse un iluminado más de la política al estilo de
Andrés Manuel López Obrador.
Ese
caudillismo que vive emecé es precisamente lo que le da vida al PRI, al menos
en esta región.
No es
lejana, ya se vivió, repito en Bahía de Banderas, la rebelión de las fuerzas
cercanas al alcalde ante la imposición de un candidato que no reconocieron.
¿Bahía de Banderas
Premonitorio Para la
Sucesión en Vallarta?
Bahía de
Banderas 2017, la dirigencia estatal de un partido antidemocrático está en
manos de una camarilla de ojetes. Tiene un dirigente municipal que es un
estúpido lleno de carencias que solamente quiere que su partido gane para
pescarse de la ubre presupuestal.
A pesar
de que tiene derecho a ser el primer alcalde en reelegirse en la historia de su
municipio su partido le niega el derecho a hacerlo, lo bloquea e incluso lo
amenaza.
Más aún,
un tirano trata de imponer a su candidato a ese Presidente Municipal que
buscaba reelegirse.
¿Qué
pasó? La estructura leal al Presidente Municipal rompe con el partido y se va a
ayudar a quien les ofrece una mejor alternativa.
El
resultado de la elección es claro: La clase política local se impone a las
decisiones de cúpula y el proyecto autoritario cae.
¿Les
parece familiar? Más o menos es lo que está pasando en Vallarta.
Esa
situación, ilustrada con una fotografía en la que aparecen el Presidente
Municipal Arturo Dávalos, su ex adversario en 2015 Andrés González Palomera y
el probable candidato del PRI 2018 César Abarca configuran una posibilidad que,
repito, el tricolor no tenía hace seis meses.
Lo peor
para los naranjas es que esa misma situación (la rutpura y que la estructura se
vaya a apoyar a otro candidato) se configura si la nominación a la alcaldía no
recae en Ramón Guerrero "Mochilas".
Alfaro no
puede tener garantías de que los Davalistas o los Mochilistas-Munguíistas vayan
a jugársela con quien su dedo designe, menos que vayan a hacer campaña por él.
La
situación naranja está de lo más complicada gracias a la incompetencia de
Alfaro como líder político. Y, los lectores mismos me lo comentan cada vez,
esta situación favorece al PRI que estaba muerto hace seis meses y ahora tiene
una esperanza de poder ganar la alcaldía en 2018.
Serán "Nueve Años"
o Será el "Vallarta
Siempre Vota al Revés"
Ayer en conversación
con el Maestro Israel Enciso me recordaba que en la elección que sigue se
pondrán a prueba dos de las constantes de los últimos tiempos en Vallarta:
Una que
los partidos que han ocupado la Presidencia Municipal de la ciudad logran hilar
tres trienios.
Fueron
tres del PAN (González Corona 1994-1997, David Cuevas 1997-2000 y Ruiz
Higuera/Nacho Guzmán 2000-2003) siguieron tres gobiernos del PRI (González
Villaseñor 2003-2006, Bravo Carbajal 2006-2009 y Salvador González Reséndiz
2009-2012) ahora se podría dar un tercer trienio con MC en la alcaldía o, dar
paso a la otra constante de la política en Vallarta.
Vallarta
vota contra el Gobernador. Se dio en los tiempos del PAN, cuando en el apogeo
de los mandatos azules en el Ejecutivo Estatal los tricolores vallartenses
ganaron sus tres últimas alcaldías. Se dio también tras la alternancia, con el
retorno del PRI a Casa Jalisco, los vallartenses votaron en 2012 y 2015 a
Gobiernos emanados de la escisión del PAN que fortaleció a MC. Ahora que se
llega una nueva elección de Gobernador (y parece que el PRI podría perderla)
también, como se expuso líneas arriba, Vallarta podría tener un gobierno
emanado de un instituto distinto al del Gobernador. Habrá que esperar a la
elección del primero de julio de 2018 para ver qué escenario se configura.
Ponen en su Lugar
al "Independiente"
Kumamoto
En 2018
los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento
federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22
mil millones de pesos.
Quienes
pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y
dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio Kumamoto es peor que la
enfermedad.
La
reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de
financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la
bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en
función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de
acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección
inmediatamente anterior.
Kumamoto
alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los
partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.
Primero,
la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de “castigar a los partidos” y
desde un punto de vista engañoso de “todos son iguales”, los ciudadanos más
conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la
irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.
Mientras,
seguirán operando las mismas redes clientelares y delincuenciales de compra,
coacción y acarreo del voto de siempre. El resultado será un debilitamiento de
la votación para los candidatos ciudadanos e independientes, ya que los medios
del régimen se encargarán de “demostrar” que son “iguales” a los demás, y el
fortalecimiento de la presencia electoral de los partidos más retrógradas, como
el PRI, PAN, PRD y MC, que tienen garantizados siempre sus ejércitos de
votantes.
Segundo,
la reducción en el financiamiento público favorecerá directamente a los
partidos más corruptos. Los partidos del mal llamado Pacto por México no sufrirán
mayores consecuencias porque ya reciben ilegalmente una gran parte de su
financiamiento del sector privado, o incluso del crimen organizado. Estos
institutos políticos compensarán fácilmente la pérdida de recursos públicos con
una mayor recaudación entre sus poderosos socios, estableciendo así compromisos
aún más profundos de corrupción e impunidad hacia el futuro.
En
contraste, la reducción en el financiamiento público afectará gravemente a los
partidos cercanos a los ciudadanos de carne y hueso. Por muchas rifas y
colectas que se organicen, las pequeñas donaciones individuales jamás
alcanzarán para financiar una campaña electoral exitosa en las condiciones
actuales.
Nuestro
pueblo está demasiado empobrecido y los gastos electorales demasiado elevados.
El resultado será la muerte lenta de cualquier esfuerzo político que se propone
defender los intereses de quienes no tienen suficientes recursos para comer y
mucho menos para donar a un partido político.
El
surgimiento de nuevos candidatos supuestamente “independientes” no resolverá el
problema, sino que lo agravará. Para poder competir en el contexto actual de
fraude estructural, estos candidatos también tendrán que recaudar grandes
cantidades de dinero y establecer contactos de alto nivel para tener posibilidades
de acceder al poder. De hecho, la presión financiera y política sobre los
“independientes” será aún mayor que sobre los partidos, ya que por definición
no cuentan con una estructura organizativa que los respalde ni un emblema ya
conocido por la población.
Es
precisamente por ello que “independientes”, como Jaime Rodríguez o Juan Bueno
Torio, muchas veces resultan en realidad más dependientes de los poderosos que
los ciudadanos de carne y hueso –como Guillermo Santiago o Araceli Damián– que
logran postularse por medio de partidos, como Morena. Los vínculos de Kumamoto
con grupos de poder en Jalisco, por ejemplo, lo acercan más a los primeros que
a los segundos.
El
verdadero remedio al problema del derroche electoral sería una reducción
directa al financiamiento público, sin la perversa vinculación con la tasa de
participación electoral. Pero esta reforma no funcionará si no viene acompañada
también de una correspondiente reducción en los gastos en materia electoral,
una prohibición absoluta de recibir cualquier financiamiento privado y una
plena ciudadanización de las autoridades electorales.
En otras
palabras, hay que establecer un verdadero sistema democrático en que la
difusión de los mensajes y las propuestas de los candidatos no tengan ninguna
relación con el tamaño de sus carteras y donde los ciudadanos puedan emitir sus
sufragios de manera libre y secreta.
También
habría que incentivar, en lugar de desalentar, el voto. En México el voto ya es
técnicamente obligatorio y también existen sanciones para quienes se abstienen,
de acuerdo con los artículos 36 y 38 de la Constitución. Sin embargo, ninguna
autoridad se ha atrevido a hacer válida esta disposición por miedo a generar la
ira de los partidos del régimen.
Habría
que seguir el ejemplo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y
Uruguay, donde hay verdaderas sanciones para quienes incumplen con su
responsabilidad de participar en la decisión sobre quiénes serán sus futuros
gobernantes. Ello garantiza una alta participación ciudadana y reduce el
impacto de las redes clientelares y la compra del voto.
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