- · Denunciado Penalmente ex Titular de la Junta de Conciliación Puerto Vallarta
Cárcel Para
ex Presidente
- · Agustín Gerardo Ortíz Firmó Centenares de Documentos Oficiales sin Cumplir los Requisitos Mínimos: Ser Abogado Titulado y Contar con Cédula Profesional Vigente
- · La Universidad de Guadalajara Niega Tener Registro Alguno de la Supuesta Titulación de Ortíz en Dicha Casa de Estudios
Por Rodrigo
Aguilera Morales
(Especial para
Siempre Libres)
PUERTO VALLARTA,
Jalisco.- El ex Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
Agustín Gerardo Ortíz fue denunciado ante el Ministerio Público por la presunta
comisión del delito de abuso de autoridad y lo que resulte al ostentarse como
abogado –sin contar con el título y cédula profesional para ejercer como tal—y
ocupar dicho cargo público durante un periodo de cuatro años.
La causa penal
contra Ortíz, es motivada por la información que se dio a conocer en exclusiva
por este diario en su edición de ayer jueves 4 de julio en la que la
Universidad de Guadalajara, a través de una respuesta solicitud de información
negara haber extendido documento alguno para acreditar a Agustín Gerardo Ortíz
como licenciado en Derecho.
La averiguación
previa que se sigue ante la Agencia del Ministerio Público Número tres del
fuero común en nuestra ciudad ha sido incorporada con el número 4352/2013-I
inculpando directamente a Ortíz por el presunto delito de abuso de autoridad y
lo que resulte de la actuación de la autoridad que ya conoce del caso.
La queja ante el
Ministerio Público en contra de quien ahora se ostenta como “asesor” en el
despacho de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco (luego de ser
despedido del cargo de titular de la Junta de Conciliación) se deriva de una
actuación del mismo Ortíz cuando ocupaba dicho espacio dependiente de la
Secretaría del Trabajo, que a la sazón encabezaba Ernesto Espinosa Guarro.
Al no ser Abogado,
No Podía Juzgar
El número de uno
de los tantos expedientes laborales que Ortíz sancionó sin tener la capacidad
para hacerlo –al presentarse como Licenciado en Derecho sin serlo—fue el
481/2003-C en agravio del C. Francisco Angel Andrade.
Como se informa a
la autoridad en el expediente la causa penal consta de 63 fojas útiles
certificadas por la C. Secretaria de la Junta de Conciliación –y hoy Presidenta
de la misma—María del Rosario Sánchez Rodríguez en la oficina de la citada
Junta en Lisboa 147, colonia La Vena en Puerto Vallarta, Jalisco.
El agraviado
Francisco Angel Andrade se queja ante la Representación Social de que Ortíz
realizó actuaciones en su perjuicio (N.del R.- Como de otros centenares de
ciudadanos y personas morales) al haber estampado su firma en resolutivos que
podrían ser nulificados al incumplir Ortíz los requisitos que se requieren para
ser Presidente de Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Jalisco, en
particular, ser licenciado en Derecho con título profesional liberado por una
casa de estudios con reconocimiento oficial para expedirlos, así como contar
con Cédula Profesional que acredite para el ejercicio de la abogacía en la
entidad.
Descarta UdeG
Que sea Egresado
Además de la
queja ante la autoridad penal presentada por el ciudadano Andrade, Siempre Libres cuenta con la solicitud de
información hecha a las oficinas centrales de la Universidad de Guadalajara,
institución de la que Agustín Gerardo Ortíz
aducía ser egresado –de la Escuela de Derecho del Centro Universitario
de la Costa .
En el oficio VI/06/2011/0676 asentado en el expediente
UTI/153/2011, la máxima casa de estudios de la entidad jalisciense niega de
forma contundente haber extendido certificado o título profesional alguno a
nombre de Agustín Gerardo Ortíz, con fecha de nacimiento 08 de noviembre de
1973.
Textualmente, la
encargada de la Coordinación de Transparencia y Archivo de la Universidad de
Guadalajara, Merlin Grisell Madrid responde que: “Con base en lo dispuesto en
el artículo 77 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, la Universidad de Guadalajara respondió quela información en dicha
institución a nombre del presunto culpable es “inexistente” y que NO se encontraron
antecedentes de esta Casa de Estudios haya expedido Título alguno a favor del C.
Agustín Ortíz”.
Fue durante la
segunda quincena del mes de mayo de 2011 cuando Agustín Gerardo Ortíz fue
despedido de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Puerto
Vallarta luego de que los rumores acerca de su incumplimiento de requisitos
mínimos para el cargo, así como señalamientos por acoso sexual, presunta
corrupción y otros causaron una revisión por parte de la Visitaduría de la
Secretaría del Trabajo que encabezaba Ernesto Espinosa Guarro lo que motivó el
despido fulminante de Ortíz, cuyo cargo fue ocupado por la, ella sí, abogada,
Sofía Jurado Galaz.
El Expediente
Negro de Ortíz
Desde marzo de
2010 se inició la conformación de expedientes en contra del ex presidente de la
Sexta Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con sede en Puerto Vallarta, y
ahora presunto “asesor” de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. De acuerdo con información de archivo, en la
primera quincena de 2010 se hizo llegar hasta el despacho del entonces
Gobernador Emilio González Márquez una tarjeta informativa en la que se le
prevenía de la existencia de querellas penales e incluso ante sus superiores en
contra del C. Agustín Ortíz, ”por favorecer a extranjeros en procesos contra
otros empresarios y trabajadores mexicanos. Algunas centrales obreras se han
sumado a la inconformidad.”
El funcionario
señalado directamente en el documento es Agustín Gerardo Ortiz, a quien señala
por parte de abogados por mostrar parcialidad en varios documentos, el último
de ellos que ha dado origen a las quejas ante el Ejecutivo, el que se consigna
en el expediente 374/2008.
Se asegura que ha
retardado el proceso y ahora pretende cerrar la instrucción y dictar un laudo
desfavorable en perjuicio de la parte demandante, en este caso el señor José
Manuel Montes Velador.
El caso de hecho
llevaba dos años, desde el 30 de mayo del 2008, cuando el trabajador presentó
la demanda laboral en contra de la empresa Clya S de RL de CV y de los codemandados
Neligh Clair Coates y Burnis Dale Eubank, quienes son de nacionalidad
norteamericana.
Y es que Montes
Velador se quejó de una serie de irregularidades como enviar exhortos a la
junta local de Conciliación con sede en Tamaulipas para el desahogo de algunos
testimonios, esto sin notificarle debidamente con el evidente ánimo de que no
estuvieran presentes o que esos testigos no se presentaran.
El mismo
demandante cuenta con testimonios de algunos de sus testigos en el sentido de
que ante ellos se ha presentado Julio César González Ortiz, “sobrino “del
denunciado, y quien se ostenta como representante de los norteamericanos.
Han aportado de
hecho algunas de las tarjetas de presentación que éste ha dejado a estas
personas, al entrevistarse con ellas, y donde se señala el domicilio de su
despacho de la calle Aldanaca número 177-B, local 3, en la colonia Versalles,
en Puerto Vallarta.
Aseguran que son
constantes los intentos de parte del presidente de la junta, Agustín Ortiz, de
sorprender a la parte actora y llevar el juicio sin ajustarse a los
lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
Abogados del
trabajador en mención señalaron que temían el cierre el periodo de instrucción y
elaboración de laudos desfavorables a su cliente, procediendo inmediatamente a
levantar el embargo para que los norteamericanos puedan vender el inmueble, en
tanto el trabajador acude al juicio de amparo y se le otorga la suspensión
provisional del acto reclamado, que entonces será muy tarde puesto que la
situación del inmueble habrá cambiado.
Para ello citaron
el caso un caso anterior (481/2003-C) donde se procedió de esa manera y cuando
ya habían transcurrido los 15 días que marca la ley y que el Tribunal Colegiado
en materia de Trabajo del Tercer Circuito había dictado la suspensión, ya le
había sido levantado el embargo a un inmueble -que garantizaba un adeudo de más
de 69 millones de pesos- y había sido vendido.
La situación más
preocupante para José Manuel Montes llegó el pasado 3 de noviembre del año en
curso cuando se presentó a solicitar por escrito se fijara día y hora para el
desahogo de las pruebas restantes y le indicaron que lo tenía el notificador
para enterarlo de un plazo de tres días... sin recordar de momento para qué
efectos.
La Bodeguita del
Medio, Embarrada
Se entrevistó con
el notificador y éste le dijo que lo tenía el presidente de la Junta Especial,
Agustín Gerardo Ortiz, pero cuando acudió con la secretaria de éste le
manifestó que su jefe no estaba y que no era el horario para prestar dicho
expediente.
Regresó más tarde
y el mismo presidente de la Junta de Puerto Vallarta le negó el préstamo del
documento, por lo que José Manuel Montes acudió acompañado del notario Randy
Alfredo López Martínez y sólo a éste último se le permitió el ingreso a las
oficinas.
De la denuncia
presentada en Casa Jalisco directamente con el gobernador de la entidad, Emilio
González Márquez (recibida con el folio 6817), se desprende que al mencionado
funcionario se le ha solicitado que se excuse (53599), se le presentó una
denuncia de tipo penal por tráfico de influencias ante la agencia 3 del
Ministerio Público con sede en Puerto Vallarta (5258/2009-III) y además hay una
petición formal al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Jalisco, maestro Alfonso Gutiérrez Santillán, para que dicho
funcionario, ante tales irregularidades, sea destituido de su cargo.
Se asegura de
igual forma en el documento que el citado presidente de la Junta de Puerto
Vallarta, Agustín Gerardo Ortiz, tiene evidentes intereses personales en
expedientes como el 496/2008-D de Araceli Hernández contra La Bodeguita; el
398/2009-D de Blanca contra JEG y San Martín; el 766/2009-E de Luis Fernando
Romo contra Prestadora de Servicios; el 930/2009-E de Madia Marlene contra
Corporativo Pescar y el 933/2009-E de Mónica Flores contra Pescar.
Todos estos
expedientes se encuentran curiosamente turnados solo a las mesas D y E de la
Junta. Ante toda esta evidencia, le solicitaban entonces al Gobernador el mismo
afectado junto con sus abogados, que el entonces y multicitado funcionario de
la Junta, Agustín Gerardo Ortiz, dejara de conocer del expediente, sea removido
del cargo o incluso destituido ante la evidencia y por supuesto se les acepten
todas sus pruebas que el mencionado funcionario les ha desconocido, en
perjuicio del mismo afectado.
Ahora las evidencias dejaron claro que Ortíz, además
de sus actuaciones alejadas al debido proceso, no contaba con los requisitos
para ostentarse como Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de
Puerto Vallarta lo que abre la puerta para un caudal de demandas en las que los
laudos que dicho sujeto firmó carece
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